Aguad el hombre de los 60 millones de dólares: "El país normal funciona como estamos funcionando"



El ministro de Comunicación volvió a defender la intervención dispuesta por decreto en la Afsca y afirmó que Martín Sabbatella "no puede seguir" como titular del organismo porque "sino comete un delito". Aguad sostuvo que la nueva ley de Ministerios establece que será su cartera la que aplique las políticas del área y sentenció que eso "modifica" la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.



"Una persona dura cuatro años en su cargo, la pone en este caso el Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo que la puso, la puede remover, por más que dure cuatro años. Duran mientras no lo saque la autoridad que los puso", afirmó Aguad en declaraciones a Radio Continental. También aseguró que la nueva ley de ministerios, que creó la cartera de Comunicación, establece que será esa cartera la que aplique las políticas de esa área, y asegura que eso "modifica la Ley de medios".




"Esto no es un mal antecedente, porque la intervención también está prevista en la Constitución. Está probado el mal desempeño, la rebeldía, porque a pesar del cambio que hubo en la Ley de ministerios, ellos se negaron a que la autoridad de aplicación de las políticas de comunicación era el ministro. Eso ya es una generación de conflicto con lo cual no puede seguir así", agregó.


Pese a que dijo que Sabbatella tiene el derecho de recurrir a la Justicia, aseguró que ya no podrá volver a su cargo, ya que "hay un artículo del Código Penal que dice que removido un funcionario, si se resiste a dejar el cargo, comete un delito".


El ministro explicó que las nuevas autoridades "aún no han podido ingresar" a la sede del organismo que ayer fue intervenido y sostuvo que Sabbatella no puede tomar decisiones. "El está ahí, pero las decisiones administrativas y políticas del ente que él presidía ya no las puede tomar. El Gobierno se ha hecho cargo de las cuentas bancarias del organismo, se puso en comisión a todos los funcionarios que nombró Sabbatella y se ha pedido a la Sigen la realización de una auditoría contable que realizarán el lunes", precisó el funcionario.


Por último, negó que tomar este tipo de decisiones por decreto atenten con la "normalidad" institucional del país. "Estamos acostumbrados a la anormalidad en este país. Pero el país normal funciona como estamos funcionando, y tiene que seguir funcionando así. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el Gobierno anterior", aseveró el dirigente radical.



La prescripción de la cau­sa judicial penal contra el ex interventor federal de la Mu­nicipalidad de Corrientes, Oscar Aguad, designado ministro de Macri, continúa generando ola.

El denunciante relató cómo el dinero salió del banco en camiones, luego fue a un avión y terminó en córdoba “para financiar la campaña de la UCR”.


La Re­vista Veintitrés entrevistó al denunciante del caso, Rodol­fo Amílcar Paladini; el medio reveló detalles a través del testimonio del querellante sobre el movimiento de los 60 millones de dólares que Aguad había tomado en el año 2000 y nada se supo después de ese dinero.



Es probable que nunca se sepa, porque a fines del mayo pa­sado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó la prescripción de la causa a trece años de ini­ciarse. “El fallo de la Corte respecto de la causa Aguad me pareció una cachetada a la gente seria de la República Argentina.


A todos aquellos que procuramos un país se­rio, un país con el respeto a la ley, al Estado de derecho. Además fue abrir un portón a todos aquellos funciona­rios públicos que se enrique­cen estando en la función pública, luego sin rendir cuentas se van y después la Justicia no los persigue”, re­flexionó Paladini.


Pocas semanas después del dictamen de la Corte Su­prema, el flamante Frente Amplio (FAU) que intenta disputar la presidencia en 2015, una alianza en­cabeza por el radicalismo firmó la creación de una Conadep, una comisión que tras la partida del kir­chnerismo del poder en diciembre el año que vie­ne, de producirse, investi­gue todos los hechos ilícitos cometidos en doce años de administración del Frente para Victoria (FpV), símil a la Conadep que investigó delitos de lesa humanidad a inicios de los ‘80 pos dicta­dura.


Lo curioso es que entre todos los referentes de dicha alianza que firmaron la idea: Elisa Carrió, Julio Cobos, Hermes Binner y Fernando Solanas, está Oscar Aguad.


“De Corrientes se llevó 60 millones de dólares, en bi­lletes americanos, en tres camiones de caudales. Los sacó de la sucursal del Banco Nación de Corrientes.


Fue en el 2000 y llevaron el dinero a Córdoba en un avión, para pagar la campaña de la UCR y engrosar los bolsillos de Aguad, Ramón Mestre, padre del actual intendente Ramón Mestre, y Ramón Darwich, asesor del Intendente”.


Un intercambio de favores, según Ferreyra


Cuando se conoció el fallo de la Suprema Corte, la diputada nacional del FpV de Co­rrientes, Araceli Ferreyra, dijo que se trató de “un intercambio de favores”.

La opinión la sostuvo en base a que Oscar Aguad es miembro del Consejo de la Magistratura, donde se debate y se aprueba el presupuesto para la Corte nacional. De hecho, compartió un plenario de magistrados ante el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, también a fines de mayo pasado, en medio de las que­jas por su absolución judicial.