La ONU aprobó darle un marco legal a las reestructuraciones de deuda


Fue la propuesta que llevó Argentina por el conflicto con los buitres. Estados Unidos volvió a oponerse como en la OEA.





La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy redactar una Resolución que defina el marco legal para la reestructuraciones de deudas soberanas, con el voto negativo de los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón y Canadá, entre otros.

La moción que presentó el Grupo 77 + China fue aprobada por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.

También votaron en contra de la iniciativa Australia, República Checa, Finlandia, Hungría, Israel e Irlanda.

El canciller Héctor Timerman destacó la voluntad de la organización para "elaborar un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana" y para evitar "la especulación más desenfrenada".

También subrayó estar "convencido que hemos asumido el compromiso del ahora. Para reconocer el derecho de todos de vivir un futuro mejor".

"Trabajemos juntos para seguir construyendo un mundo más justo libre y soberano", finalizó en clave peronista el canciller argentino.

A partir de esta votación, se estima que la elaboración del documento y su posterior implementación demandará al menos un año.

Pese a este escenario y a que es improbable que se legisle retrocativamente, el gobierno argentino manifestó su esperanza de que la norma tenga efecto sobre el actual litigio con los holdouts que mantiene bloqueado los pagos a los acreedores reestructurados por órdenes del juez Thomas Griesa.

La Resolución que manda avanzar en el tema subrayó que "los esfuerzos de los Estados para reestructurar la deuda soberana no debe ser frustrados o impedidos por acreedores comerciales, incluidos los fondos de inversionistas especializados, tales como son los fondos de cobertura que luego buscan perseguir el pago total a través de litigios".

La negativa de EEUU de apoyar la iniciativa no es llamativa: el gobierno de Obama también votó en contra de la declaración contra los fondos buitre que impulsó el gobierno en la OEA hace dos meses.