Así, lo denunció uno de los referentes del grupo de comunidades, entidades ambientalistas y académicas de la provincia que lanzaron una junta de firmas para solicitar la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11, que permiten al Ejecutivo modificar zonas para el desmonte. Además de perjuicios ambientales, esto genera injusticias para poblaciones criollas e indígenas.Los referentes advirtieron además que los "acuerdos" firmados se realizan en muchas ocasiones en un contexto de total desigualdad, otorgando extensiones menores tierras que las que los ocuparon por años y además con compromisos que no son seguros.
También se refirieron a los casos en que por la resistencia de los pobladores, tanto sean para criollos o indígenas, donde mayormente resultan con sentencias que no los favorecen. De acuerdo a las declaraciones de los referentes salteños, la situación de las comunidades indígenas suele ser peor ya que las audiencias públicas de desmonte no se comunican a tiempo, se realizan en jurisdicciones alejadas y no disponen de traductores para que los indígenas entiendan de qué se trata.
Dentro de estos malos tratos, se remarca también que la Justicia dilata los reclamos de las comunidades y, por lo tanto, la provincia no lo reconoce. “El cóctel termina en una combinación peligrosa en la cual las comunidades comienzan a tomar acciones directas, incluso poniendo el cuerpo", indicaron en la conferencia, al referir a uno de los tantos conflictos del norte provincial. Así, es el caso de miembros de comunidades originarias en la zona de Gral. Ballivián (departamento San Martín) que decidieron comenzar a bloquear el paso de dos topadoras que se aprestan a desmontar en una zona que se recategorizó de amarillo y rojo al verde, para autorizar la "habilitación de tierras", es decir, el desmonte. “No lo vamos a permitir. Es el único monte que queda", dijo el cacique de la comunidad El Chaguaral, Hugo Díaz, y describió a la zona como un "océano de soja".
