La cinchada entre los sindicatos y el gobierno bonaerense llegó a un
desenlace. Quedará abierta la polémica acerca de si era necesaria tanta
discusión, tanta demora en iniciarla y ponerle fin, un paro por tiempo
indeterminado. Los protagonistas se reprocharán culpas, endilgándolas
todas a la contraparte. Las responsabilidades políticas son, en cierta
proporción, compartidas.
Las clases traen alivio, pero jamás reparación plena. El saldo ya
ocurrido da para lamentar, en aras del interés conjunto que es el de
sostener la educación pública. Casi un mes sin aulas: no se recuperará.
Más allá de si se cumple o no con la enseñanza de los contenidos, se
perdieron jornadas de convivencia, de socialización, de contención de
los pibes que no van (no deberían ir) a la escuela solo para aprender
ciertas materias.
La comparación con la educación privada es consabida, se consignó en
columnas anteriores. Hay otras que también vienen a cuento, dentro del
campo de lo público: los alumnos de San Luis tuvieron un mes más de
clases que los bonaerenses. Hay diferencias de escala entre los
distritos, tan innegables como que todos los chicos son argentinos y
titulares de similares derechos.
Los salarios fijados sugieren que las demandas de los maestros
estaban bien encaminadas y no desvariaban. La polémica sobre la
metodología sigue vigente, aunque los líderes de la protesta aducen que
sin ella no se habría llegado jamás a un reconocimiento.
El gobernador Daniel Scioli buscará recursos por vía de una
moratoria impositiva, recurso siempre enojoso e inequitativo. Sigue en
deuda con una batida fuerte contra la riqueza ostentosa en su terruño.
