El secretario de Comercio Interior ratificó
que el objetivo de la canasta es establecer parámetros de referencia
para los consumidores y que se buscará llevar el convenio hasta el
eslabón inicial que conforman los productores.
Cuál es el problema cuando hay formadores de precios y ciertas
condiciones para poder apropiarse de renta? Que los precios suben cuando
hay un aumento de costos y después no bajan. Con esta política también
vamos a lograr que cuando los costos bajan, los precios también bajen.
Porque la ganancia de productividad, o el menor costo del productor
tiene que ir necesariamente al bolsillo del trabajador argentino y no al
bolsillo de un empresario que se queda con una renta extraordinaria",
asegura Augusto Costa, secretario de Comercio Interior y uno de los
principales artífices del acuerdo de precios que el gobierno lanzó
oficialmente el viernes y que desde mañana estará vigente en grandes
supermercados del ámbito porteño y el Gran Buenos Aires.
Durante una entrevista con periodistas de diversos medios en el
Palacio de Hacienda, el funcionario ratificó que la canasta con 100
tipos de productos busca establecer parámetros que les den herramientas a
los consumidores para evitar "que nadie se quede con el excedente que
no le corresponde", y que fueron los propios empresarios –proveedores y
supermercadistas– quienes solicitaron formalizar por escrito el
compromiso asumido. Destaca una y otra vez que no se trata de un
congelamiento de precios –una de las principales diferencias con el
acuerdo de su antecesor Guillermo Moreno, además de la cantidad de
productos acordados– y asegura que existe una campaña de desinformación
desde diferentes medios "que apuntan a decir que nada de lo que se hace
sirve, porque en el fondo no están pensando en los intereses de todos
los argentinos". En lo que sigue, un decálogo de las definiciones del
propio Costa sobre el acuerdo de precios.
Paritarias y traslado de subas salariales a precios.
"Por supuesto que tiene que haber recomposiciones salariales a partir
de las paritarias, lo que se va a analizar es la medida en la cual ese
mayor costo efectivamente se traduce en mayores costos de los
supermercados y de las cadenas proveedoras, es decir, cuánto es el
componente salarial en costos, evaluar si dadas las rentabilidades que
tienen, el traslado ese se tiene que validar o no, y trabajar justamente
en una distribución de la renta entre los diferentes actores que sea
consistente con los objetivos de la política nacional. Todos los
factores de costos de las empresas y supermercados van a estar en la
mesa en el momento de la revisión, pero el análisis va a tener que ver
con cuánto es el impacto efectivo de la variación del costo o de la
variable y cuánto es razonable trasladar. Esa sería la idea."
Diagnóstico sobre el comportamiento de los precios.
"Hay que tener en cuenta de dónde venimos y arrancamos, una economía
que en el último cuarto del siglo XX se concentró en muchos sectores de
una manera realmente alarmante. En la estructura productiva argentina,
la realidad es que existe la posibilidad de apropiarse de excedente
económico por poder de mercado. Entonces, tenemos la política macro que
apunta a una dirección, y la lógica empresarial maximizadora de
beneficios que pone ciertos límites a esa mayor equidad o justicia
distributiva en la distribución de la renta. Desde ese punto de vista,
identificamos a lo largo de algunas cadenas de valor que existe una
apropiación efectivamente de la renta que penaliza a los actores más
débiles –ya sean consumidores o pequeños productores–. Con las distintas
políticas que llevamos adelante en el Ministerio de Economía y con los
otros ministerios apuntamos a limitar la capacidad de los formadores de
precios de apropiarse de lo que no le toca. Este es un objetivo central
de la política general, y en lo que toca a la Secretaría de Comercio, el
objetivo con esta canasta es atacar un problema que se deriva de la
estructura de mercado oligopólica y también en los grandes proveedores y
el retail, que tiene que ver con la pérdida de referencia de los
consumidores de parámetros sobre precios relativos y precios de
determinados productos de consumo diario.
Desabastecimiento y otros ardides. "Primero, hay
un compromiso voluntario de los empresarios, proveedores y
supermercadistas, de cumplir con el acuerdo. La canasta que estamos
monitoreando a partir del lanzamiento de los 100 tipos de productos y
194 precios se basa en un análisis reciente de la evolución de los
precios, de un análisis de los costos, y por lo tanto para nosotros son
precios de abastecimiento. Son precios donde el proveedor y el
supermercado obtienen rentabilidades que le justifican que ese producto
esté en góndola. No es un precio donde incentive la estafa, maniobras
abusivas. Ahora, eso no implica que no puedan darse maniobras como las
que se vienen denunciando. Un primer esquema de monitoreo va a ser el
relacionado con esta comunicación y alerta temprana permanente de
supermercados, proveedores y Secretaría de Comercio, en que cuando un
proveedor, por un motivo justificado, no pueda entregar, sale un alerta;
cuando un supermercado, por algún motivo justificado, no puede poner el
producto en góndola, alerta. Nosotros evaluamos si ese motivo es
coherente o no, y en caso que sea válido vamos a generar las condiciones
para que se restablezca el abastecimiento rápidamente. Si es
injustificado, se sanciona. Vamos a tener inspectores de la Secretaría
de Comercio realizando relevamientos permanentes. Después está la
posibilidad que van a tener los consumidores de denunciar o de alertar
sobre faltantes o incumplimientos en los precios."
Efecto "disciplinador" de la canasta. "Vamos a
mantener las pautas de variación de precios para el resto de los
productos. Justamente lo que hay que evitar es que, como en la canasta
aparecen márgenes menores con respecto a otros productos, después
aumenten márgenes para compensar. La política de monitoreo permanente de
todos los precios de la economía va a continuar. Se van a trabajar
pautas para todos los productos, no sólo de la canasta. La canasta, yo
confío, va a tener un efecto económico muy importante porque va a
permitir darle referencia a los consumidores, que no van a validar
precios de otros productos que no tengan relación con los de la canasta
de referencia, estoy convencido de eso. Sólo pueden validarse precios
que no tienen que ver con la realidad económica cuando uno no tiene
referencias."
Acuerdo por escrito y formalizado. "Inicialmente
fue un reclamo de los propios actores, que pedían formalidad, o sea,
cuando nos empezamos a juntar el principal reclamo era : 'si nos vamos a
poner de acuerdo en esto, hagámoslo formalmente'. Es una buena señal
que si diferentes actores de la cadena de valor se comprometen a que se
formalice y que ellos mismos pidan la formalización. Porque el Estado,
con sus objetivos de política no va a dudar en llevar adelante las
medidas y las políticas que correspondan, pero justamente en este caso
apostamos a que sea un compromiso asumido por los propios actores."
Una visión "integral" de la cadena de valor.
Nuestro objetivo es ir cada vez más atrás en los eslabones. Entonces, en
algunos sectores tenemos un análisis de cómo se distribuyen los
márgenes y de lo que paga el consumidor, cuánto se queda cada eslabón.
En algunos casos nos parece razonable, en otros hay que trabajar para
una redistribución de la renta. Es una política progresiva que se va a
ir desplegando. No nos podemos proponer en un mes llegar hasta el
tambero. Es una política que se va a ir desarrollando y que pretende
avanzar en una cadena de valor junto con la identificación de los
limitantes para la competitividad global de la economía y de cada una de
las cadenas. Porque estamos hablando de guita, de cómo se distribuye.
Te da la posibilidad de meterte al interior de las cadenas para discutir
márgenes.
El objetivo es profundizar el alcance geográfico
El secretario de Comercio Interior dedicó parte de la entrevista a
refutar una de las críticas que despertó el acuerdo en relación al
carácter acotado de su implementación original, ya que en principio
estará vigente sólo en grandes supermercados de Capital y el Gran Buenos
Aires.
El objetivo de la canasta es establecer parámetros de referencia para los consumidores.
Al respecto confirmó que la aspiración es que durante el corriente
mes se incorporen las cadenas regionales y los supermercados chinos.
"Cuando hablamos de cadenas regionales o cadenas de supermercado de
origen asiático en el medio hay un distribuidor mayorista que tiene su
propio margen de rentabilidad, que tiene su propio poder de negociación
con los supermercados, con los proveedores. Entonces ahí tenemos que
destrabar una situación. Hay más jugadores con nuevos intereses.
Entonces, no es que el gobierno se olvida del interior. Es que tiene
particularidades llegar al interior justamente por estos actores que
aparecen o por estos costos de logística, que por otra parte son obvios y
hoy existen", señaló. De todos modos, destacó el avance que implica
tener ya conformada una canasta para el AMBA. "Que haya una canasta para
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también sirve para el interior del
país porque uno puede desde cualquier lugar de Argentina establecer
cierta correspondencia entre lo que le quiere cobrar el supermercado
local y lo que le cobran en Buenos Aires y puede interpretar si esto es
disparatado o no", concluyó el funcionario.
Economista en la palestra
Cuando apenas transcurrió algo más de un mes de la salida de
Guillermo Moreno, la entrada en vigencia del nuevo acuerdo de precios
puso en primer plano la figura de Augusto Costa, el elegido por por el
ministro de Economía Axel Kicillof para ocupar la Secretaría de Comercio
Interior. Economista de profesión, fue director estatal en distintas
compañías y ocupó el cargo de secretario de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería antes de desembarcar en Economía.
Los medios y la confusión deliberada
Augusto Costa cargó contra ciertas interpretaciones de los medios
que, a su entender, buscan generar "confusión" entre los consumidores.
"Así como se vienen denunciando maniobras de empresas y supermercados
que violan el espíritu de la política de administración de precios
vigente, también algunos medios o analistas con intereses muy concretos
ajenos al de la mayoría de los argentinos vienen instalando o generando
un discurso que busca confundir a la gente y evitar que la política
pueda transmitirse de la manera que corresponde", asegura.
Según argumenta el funcionario, algunos medios tratan de imponer la
idea de que el gobierno "viene unilateralmente a imponer precios que
van a quedar congelados y que rápidamente van a generar situaciones de
desabastecimiento o atraso de precios, es decir, instalar que esto es un
congelamiento. Eso no es ingenuo, no es naif, sino que es una voluntad
explícita de que se confunda la política con un congelamiento, cuando se
trata de una política flexible, de revisión periódica, con precios que
van a tender cada vez más a reflejar las condiciones de costos con
rentabilidades normales a lo largo de la cadena. Esa es la política."
Costa también afirmó que algo parecido sucedió apenas se dio a
conocer la conformación de la canasta. "Ya instalaron que es un
congelamiento, que los acuerdos de precios no funcionan y eso está en
todas las páginas de los diarios. Pero en la siguiente pagina te ponen:
El Gobierno establece una canasta con muchos productos, con pocos, con
lo cual ahora es la canasta, no el acuerdo de precios, ni el
congelamiento. Las contradicciones aparecen en el mismo medio, en la
misma edición, y diferentes analistas dicen que no funciona el acuerdo
de precios y otro que la canasta está mal porque no hay productos de la
canasta básica. Es decir, si los ponemos funcionaría. Ese berenjenal de
contradicciones es justamente pensado y comunicado para evitar que la
política funcione", criticó el remplazante de Guillermo Moreno.