Por Alfredo Zaiat
Los niveles de pobreza siguen siendo
significativos, la informalidad laboral alcanza a un tercio de la
población y aún persisten importantes bolsones de desigualdad. El
déficit habitacional es agudo, un porcentaje de la población no accede a
infraestructura básica de servicios esenciales y todavía existen
sustanciales brechas educativas según estratos socioeconómicos. El
desempleo y el subempleo involucran al 14,5 por ciento de la población
económicamente activa, el regresivo Impuesto al Valor Agregado se ubica
en un elevado 21 por ciento y las jubilaciones mínimas son
insuficientes.
Este marco general convive con años donde han avanzando indicadores
sociales, económicos y laborales, mejoraron las condiciones materiales
de los trabajadores y a la vez se revirtió la tendencia negativa en la
distribución del ingreso, ganando posiciones los sectores postergados
por décadas. Esto significa que pese a la recomposición de la situación
sociolaboral aún se mantienen rasgos estructurales de profunda
desigualdad.
En el espacio de disputa política,
algunos enfatizan la primera parte de ese cuadro, que la oposición con
legitimidad señala, y otros destacan la segunda parte, que lo hace el
Gobierno también con legitimidad para mostrar logros de su gestión. El
escenario socioeconómico tiene la suficiente complejidad como para no
poder reducirlo a esquemas analíticos binarios. Esas posiciones
enfrentadas generan acalorados debates. Unos pueden estar más o menos de
acuerdo con una u otra perspectiva. Pero la discusión sobre el impuesto
a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, conocido
como Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, ha alterado ese choque
de ideas. La ha conmovido porque quienes critican el deterioro del
panorama social y empleo y reclaman iniciativas transformadoras para
repartir mejor la riqueza se movilizaron y protestaron para eliminar ese
tributo, o subir el mínimo no imponible, que hoy alcanza a apenas el 8
por ciento del total de los ocupados, y al 19 por ciento de los
trabajadores registrados.
La renta financiera está exenta del
Impuesto a las Ganancias. Los ingresos de los jueces no están gravados.
La ganancia de capital tampoco está alcanzada por el impuesto. Las
mineras preservan un esquema tributario privilegiado. La alícuota del
IVA es muy alta y todavía no se dispuso su exención para, al menos, el
consumo con la tarjeta de los beneficiarios de la Asignación Universal
por Hijos. El aspecto más desconcertante de la protesta es que la
existencia de todas esas inequidades tributarias, que el Gobierno
mantiene, ha sido el principal argumento para proponer una medida que
tornaría más regresivo el sistema impositivo. O sea, si el régimen es
injusto, habría que eliminar entonces sus contornos progresivos para
equilibrarlo hacia lo malo del sistema. Todo dicho levantando la bandera
de pelea por una mejor distribución del ingreso.
Un documento de
estudio que está en preparación por un grupo de investigadores del
Conicet, liderado por el economista Demian Panigo, evalúa en términos de
reparto de riqueza la propuesta gremial de eliminación del Impuesto a
las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y también del
tope de 5200 pesos para asignaciones familiares. Las conclusiones
preliminares de esa investigación brindan resultados sustanciales para
medir con rigurosidad el impacto sobre la distribución del ingreso del
reclamo sindical, que ha estado acompañado por la denominada
centroizquierda y una fracción de la izquierda.
El avance de la investigación arroja los siguientes resultados:
Si
se eliminara el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, el Estado
dejaría de recaudar unos 21.000 millones de pesos en el año. Monto
calculado según la Encuesta Permanente de Hogares, sin incluir a la
población rural. Por lo tanto, esa suma sería un piso.
Estos
21.000 millones de pesos quedarían casi en su totalidad en manos de la
población que ocupa el primer decil de ingresos. O sea, el grupo que
integra el 10 por ciento que más gana en la estructura de ingresos
totales.
El 98 por ciento de esos recursos pasaría a bolsillos del primer decil de ingresos.
Ese
reparto de dinero tendría como saldo que aumentaría un 11 por ciento la
desigualdad medida por brecha de ingresos, y casi 2 puntos porcentuales
más en el Coeficiente de Gini.
En otras palabras, para los tres
deciles de ingresos más bajos, es decir, los más pobres, esa reforma no
los beneficiaría en nada. No recibirían ni un peso adicional a sus
magros ingresos.
Gustavo Arballo desarrolló en su blog “Saber
leyes no es saber derecho” varios ejemplos para mostrar cómo impactaría
la suba del mínimo no imponible entre los trabajadores alcanzados por el
tributo según la escala de ingresos. El resultado es que favorecería
proporcionalmente más a los trabajadores de más altos ingresos. “El
impacto es regresivo –el impuesto en su todo sigue siendo progresivo–,
pero el beneficio resultante del aumento favorece a los que más ganan”,
asegura. Dice que no representaría una ventaja perceptible para los que
ganen de 6000 a 10.000 pesos, en el caso soltero sin hijos que tiene
menos deducciones para hacer y, por lo tanto, es el más exigente. Para
casados con dos hijos, el beneficio sería mínimo.
Respecto de las
asignaciones familiares que perciben los asalariados registrados, un
reciente informe de Cifra-CTA destaca que entre 2008 y 2011, los
salarios registrados crecieron por encima del nivel de aumento de
precios (Cifra no toma en cuenta el IPC Indec, sino el IPC-7 provincias)
pero, al mismo tiempo, no se actualizaron en la misma magnitud los
montos salariales que marcan los límites para cobrar asignaciones
familiares. La mejora del salario real junto a esa desactualización ha
llevado a que haya disminuido el porcentaje de asalariados que percibe
la asignación familiar por hijo del régimen contributivo. El informe no
menciona que una parte de esos trabajadores pasaron a deducir de la base
imponible del impuesto a las ganancias la carga por hijos, lo que
implica indirectamente la cobertura de la asignación familiar. Los
trabajadores que quedaron sin asignación familiar por hijo son los que
cobran 5201 pesos hasta el monto del mínimo no imponible, de soltero o
casado. Ese espacio nebuloso debe ser abordado por el Gobierno, además
del aumento del monto de las asignaciones, tanto del régimen general
como de la AUH.
El estudio de esos investigadores del Conicet
incluyó también la evaluación de la propuesta gremial de eliminar el
tope de 5200 pesos de salario para asignaciones familiares. El resultado
de esa medida sería que la Anses tendría un costo de 2500 millones de
pesos, y más del 50 por ciento de eso monto sería redistribuido en los
primeros tres deciles (30 por ciento) de la estructura de ingresos.
La
eliminación del Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría y del tope de
5200 pesos para asignaciones familiares implicaría una merma de
recursos del Estado de por lo menos 24.000 millones de pesos. El 90 por
ciento de esos fondos se destinaría a los estratos de altos ingresos.
“Equivalen a dos presupuestos anuales de Asignación Universal por
Hijos”, calculó el equipo de Panigo. Dividiendo los ingresos por mes y
por persona en cada familia del país, la propuesta gremial significaría
un aumento promedio de 21 centavos para cada trabajador de bajos
ingresos y más de 155 pesos para cada uno de altos ingresos. En el
debate sobre progresividad del sistema tributario y distribución de la
riqueza, ese proyecto se considera regresivo.
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