La nueva correlación de fuerzas sociales y políticas que emergieron del contundente triunfo en las elecciones presidenciales abre las puertas para ingresar en un espacio poco frecuentado por el kirchnerismo: la planificación. Esta instancia se acerca como parte ineludible del actual proceso, puesto que se han generado las condiciones para tratarla luego de un ciclo largo de crecimiento, notorias mejoras sociales y productivas. Ahora con las manifestaciones de restricciones se requiere una intervención pública más compleja. Esto implica redefinir un esquema de política económica y social más afinado. Esa idea ha comenzado a expresarse en discursos oficiales y en la presentación de planes estratégicos sectoriales (industrial y agroalimentario).
Un aporte sustancial en ese sentido es el reciente documento del Cefid-AR Planificar el desarrollo. Apuntes para retomar el debate, de los investigadores Claudio Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi, con el asesoramiento de Enrique Arceo. Proponen avanzar en la planificación a partir de la oportunidad que plantea la crisis de legitimidad de la doctrina neoliberal a nivel mundial, “en sintonía con la configuración de un poder político que gana consenso democrático al plantear un Estado con crecientes grados de autonomía respecto de un conjunto de sectores tradicionalmente dominantes y, por tanto, capaz de asumir la conducción de la transformación necesaria para el desarrollo y bienestar social”. Advierten con precisión que el movimiento desde la noción de crecimiento económico hacia la de desarrollo, mucho más compleja y estructurada en múltiples dimensiones no sólo económicas sino también sociales, políticas y culturales, supone constatar la existencia de restricciones estructurales que impiden conjugar el sendero de crecimiento con objetivos distributivos, productivos y de sustentabilidad en el largo plazo.
Esa diferencia entre crecimiento y desa-rrollo es un punto de partida para que el actual debate adquiera una mayor densidad que los modales de un funcionario. Esos investigadores señalan que la aplicación de una política macroeconómica virtuosa en el marco de la estructura existente puede promover, como se ha verificado desde 2003, el incremento de la actividad, el empleo y la tasa de inversión, pero no permite por sí sola alterar los parámetros estructurales que definen las características de su desarrollo. Para alcanzar esa meta se necesita lo siguiente:
- La creación y/o desarrollo de actividades y cadenas de producción basadas en ventajas dinámicas y consideradas estratégicas para su posicionamiento en el mercado mundial.
- Cambios significativos en la distribución del ingreso para alcanzar estándares considerados deseables en términos sociales.
- Una sustitución de importaciones consistente con el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos.
- La integración de la producción con los sistemas de ciencia y tecnología afín con el desarrollo de actividades estratégicas y el incremento de la productividad sectorial y sistémica.
- El desarrollo de infraestructura necesaria para la expansión de la actividad productiva y la conformación de una estructura productiva más densa y compleja.
- La paulatina eliminación de los déficit en infraestructura social y las asimetrías regionales al interior del país.
- El cese de las transferencias de excedentes económicos desde eslabones atomizados hacia eslabones concentrados de las cadenas de producción y distribución.
- Una adecuada intervinculación comercial y productiva a nivel regional, teniendo en cuenta la necesidad de profundizar los mecanismos de cooperación y coordinación económica frente a un contexto globalizado de creciente volatilidad.
Casparrino, Briner y Rossi explican que “la ingeniería pública institucional que, subsumiendo la gestión macroeconómica, la política productiva y científico-tecnológica, y la regulación de las tensiones sociales asociadas, tuvo por finalidad resolver estos nudos problemáticos en los países que han transitado con relativo éxito el pasaje al desarrollo, ha estado históricamente asociada a la planificación”. Sin embargo, a diferencia de las experiencias de países asiáticos con una planificación exitosa en términos económico-productivos pero en un marco de fuertes restricciones políticas, en Argentina las condiciones imponen una estrecha vinculación entre planificación, desarrollo y democracia. Por eso en el documento se señala que la planificación y el desarrollo sólo parecen ser posibles en el marco de una amplia incorporación de los sectores populares en una alianza social que otorgue una independencia política al Estado para subordinar a un conjunto de sectores tradicionales, en el proceso de proyección y concreción de planes de de-sarrollo a favor de cambios estructurales y distribución del ingreso.
