Un trabajo del Cippec y PricewaterhouseCoopers ayuda a optimizar la gestión
La eficiencia de un gobierno a la hora de atender los reclamos de su ciudadanía y prestarle los servicios que ésta requiere puede ser un indicador determinante para que un inversor coloque su dinero en un país o en otro. Este no es un dato menor para la Argentina, sobre todo en tiempos en los que la atracción de capitales para sustentar el desarrollo de su economía es tema de todos los días.
El estudio Nuevas rutas para la prestación de servicios públicos: cómo cumplir la promesa a la ciudadanía , realizado conjuntamente por Cippec y PricewaterhouseCoopers, pone el énfasis sobre este punto y propone una serie de facilitadores que podrían ayudar a un gobierno a optimizar su relación con los ciudadanos en lo que respecta a la prestación de servicios.
Wim Oosterom, director del Area de Gestión Pública Local de Cippec y socio de PricewaterhouseCoopers, es autor del estudio en el que se desarrollan, entre otras cosas, las áreas a las que se debería dar prioridad. "Cuando uno quiere tomar decisiones en cuanto a la relocalización de inversiones muchas veces mira el grado de eficiencia de los gobiernos de los cuales van a tener que obtener servicios", comentó el especialista.
En su opinión, lo que sucede es que los ciudadanos requieren cada vez mayores y mejores servicios, pero, por otro lado, los fondos de los que dispone el gobierno para estos fines son restringidos.
El mensaje central de este trabajo es que existen cinco facilitadores estratégicos para "cumplir la promesa a la ciudadanía": conocer al usuario, romper barreras entre el Gobierno y el ciudadano, otorgar poder a las instituciones, lograr beneficios mediante modelos apropiados y mejorar continuamente la innovación.
En definitiva, los cinco facilitadores estratégicos presentados en el informe son clave para consolidar un modelo de administración pública distinto, más ágil, más eficiente y más cercano al ciudadano.
"¿Cómo está posicionada la Argentina en este sentido?", preguntó LA NACION. "Este país tiene todas las características de un país en desarrollo; hay una concientización cada vez más grande de que esto hay que aplicarlo. Una vez que se empieza a tener una cierta estabilidad económica y a superar crisis, la gente empieza a demandar más respuesta del Gobierno", respondió Oosterom. Y añadió: "Creo que se va camino de ese proceso".
Algunos obstáculos
No obstante, menciona que existen en el país ciertas prácticas en las prestación de servicios por parte del sector público que podrían constituirse en obstáculos para la aplicación de las recomendaciones presentadas en el informe. Algunas son legales o regulatorias, como la existencia de carreras y cuadros profesionales en la administración pública que limitan la posibilidad de impulsar cambios en su desempeño. Otras son culturales, como la lógica político-partidaria que lleva a la discontinuidad de los programas de gobierno; la lógica clientelar, que sesga la distribución de bienes y servicios, y la lógica burocrática, que entorpece la relación entre la sociedad y el Estado.
Este método puede aplicarse en los 2242 gobiernos locales, en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el gobierno nacional, que son administrados por unos 2,5 millones de empleados públicos que ejecutan un gasto consolidado cercano a los 200.000 millones de dólares.
A modo de ejemplo de la utilidad de este modelo de gestión, Oosterom comentó: "El gobierno del Reino Unido, como parte de su eje central para la eficiencia, está trabajando en un plan general para lanzar los beneficios de los centros de servicio compartidos. De acuerdo con estudios efectuados por ese gobierno, si los sectores de recursos humanos y finanzas se implementaran óptimamente, el potencial de ahorros de esta transformación sería de 40 billones de libras esterlinas en un plazo de 10 años".
Carlos Manzoni
